La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de Ecuador renovó este 13 de julio de 2026 la norma de seguridad física y electrónica que rige a cooperativas de ahorro, mutualistas y demás entidades del sector financiero popular y solidario, reemplazando un marco que estaba vigente desde 2018. El cambio de fondo no es cosmético: por primera vez, la seguridad deja de entenderse solo como protección del efectivo y las sucursales, e incorpora la ciberseguridad como componente obligatorio y explícito de la regulación.
Entre las nuevas exigencias, las entidades deberán segmentar las redes que soportan cámaras, alarmas y controles de acceso —separándolas de los sistemas core del negocio—, proteger servidores y equipos con herramientas de seguridad informática, y mantener procesos permanentes de actualización y hardening de sus sistemas. La norma también eleva el perfil exigido al oficial de seguridad, que deberá tener título profesional registrado y, en la mayoría de los casos, dedicación exclusiva al cargo.
Un patrón regional que se repite
Ecuador se suma así a una tendencia que otros reguladores financieros de la región vienen empujando: tratar la ciberseguridad no como un tema de TI aislado, sino como parte integral de la gobernanza de riesgo de cualquier entidad financiera, exigible con la misma seriedad que el cumplimiento antilavado o la seguridad física. Las entidades tendrán entre 18 y 24 meses para adecuarse, según su segmento, un plazo que aunque parece amplio, obliga a planificar la inversión en infraestructura y procesos desde ya.
- La ciberseguridad pasa de ser una buena práctica a un requisito regulatorio explícito y auditable.
- Se exige segmentación de redes y hardening continuo, no solo controles perimetrales básicos.
- El perfil del oficial de seguridad se profesionaliza y se le exige dedicación y trazabilidad de sus reportes.
Para cooperativas, mutualistas y entidades financieras similares en República Dominicana y el resto del Caribe, esta reforma ecuatoriana anticipa hacia dónde se dirige la supervisión regional: gobernanza documentada, reportes periódicos y evidencia lista para auditoría, no solo controles técnicos. CumplimientoControl, la solución de TEKFENIX para cumplimiento financiero y trazabilidad regulatoria, ayuda a este tipo de entidades a mantener ese historial de gobernanza y monitoreo ordenado y disponible antes de que el regulador lo pida.