El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la norma antilavado del país. El cambio no es cosmético: desplaza el cumplimiento de un modelo basado en checklists genéricos hacia un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), donde cada empresa obligada debe demostrar, con evidencia concreta, que comprende su propio nivel de exposición al lavado de dinero.
Qué cambia exactamente
Entre las modificaciones más relevantes del Acuerdo 115/2026 están:
- La obligación de clasificar a los clientes según su nivel de riesgo, en lugar de aplicar controles uniformes a todos por igual.
- Medidas reforzadas para identificar a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Requisitos más estrictos para identificar al beneficiario controlador final de una operación o entidad.
- Un plazo de 24 horas para ciertos avisos, frente a plazos más laxos del esquema anterior.
Un calendario de implementación por etapas
Aunque el Acuerdo entra en vigor de forma general el 30 de noviembre de 2026, no todas las obligaciones inician ese mismo día. La evaluación con enfoque basado en riesgo deberá estar disponible a más tardar el 1 de marzo de 2027, fecha a partir de la cual también se aplicarán, sobre los actos y operaciones realizadas, las disposiciones sobre clasificación del grado de riesgo, conocimiento del cliente y usuario, e identificación del beneficiario controlador.
Por qué esto importa más allá de México
Este tipo de reforma no es un caso aislado. Regiones enteras, incluyendo el Caribe y América Latina, vienen adoptando gradualmente el mismo estándar internacional de enfoque basado en riesgo que promueve el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y sus organismos regionales, entre ellos GAFILAT. Para las empresas dominicanas y caribeñas que operan con clientes, socios o filiales mexicanas, o que simplemente anticipan que su propio regulador local avanzará en la misma dirección, entender este modelo con tiempo evita tener que improvisar cuando la exigencia llegue a su propio mercado.
El reto real: pasar del papeleo a la evidencia
El cambio de fondo que exige el enfoque basado en riesgo es incómodo para muchas empresas: ya no basta con tener una política de cumplimiento archivada: hay que poder demostrar, con datos y trazabilidad, que esa política se aplica de forma consistente y que la clasificación de riesgo de cada cliente refleja la realidad. Sin herramientas adecuadas, este tipo de exigencia se vuelve una carga manual insostenible para los equipos de cumplimiento.
Es exactamente el problema que CumplimientoControl, nuestra plataforma de cumplimiento financiero de TEKFENIX, está diseñada para resolver: monitoreo de medios adversos, trazabilidad regulatoria y clasificación de riesgo de clientes en un solo sistema, de forma que las empresas puedan demostrar cumplimiento con evidencia real y no solo con expedientes en papel, ya sea frente al regulador mexicano, dominicano o de cualquier otro país de la región que avance hacia este mismo estándar.