elDinero informa (4 de noviembre de 2026) que el Gobierno aprobó mediante el Decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Fue elaborado por la Ogtic y la Digeig, con apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto, alineado con estándares de la UNESCO y la OCDE, y es obligatorio para los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada.
Lo principal que establece
- Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos: los sistemas de alto impacto (los que afectan el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras) requieren evaluación y aprobación del órgano de supervisión antes de entrar en producción.
- Transparencia y derecho a revisión: el ciudadano debe ser informado cuando una herramienta de este tipo apoyó un trámite o decisión, y contar con canales accesibles para pedir explicaciones y revisión humana.
- Usos prohibidos: puntuación social general, identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, perfilado criminal predictivo con sesgo territorial o socioeconómico, sentencias penales automatizadas y armas autónomas.
- Protección de menores: presunción reforzada de riesgo y prohibición absoluta de contenidos dañinos, abusivos o discriminatorios dirigidos a niños y adolescentes.
- Contratación y soberanía de datos: los proveedores deben garantizar trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los ciudadanos, evitando sistemas de «caja negra» que el Estado no pueda auditar.
Además crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, de carácter consultivo, y fija 180 días calendario para que las entidades adapten procesos, registren los sistemas en operación y designen responsables.
Qué cambia en la atención al ciudadano
Más allá de la tecnología concreta, la norma pone el foco en algo muy operativo: que cada solicitud pueda explicarse, revisarse y rastrearse. Una oficina pública que atiende por ventanilla, teléfono, correo y mensajería necesitará saber quién atendió a quién, por qué canal, cuánto esperó y cómo se resolvió.
Esa disciplina de datos es el punto de partida, con o sin automatización. Servigo365 ordena las solicitudes como tickets con historial, responsables y SLA en varios canales, y Nexturno registra turnos, citas y tiempos de espera por sucursal u oficina. Con esos registros, una institución puede atender reclamos de revisión, medir su servicio y preparar con orden los 180 días de adaptación.
Fuente: elDinero.